El presidente Javier Milei decidió designar por decreto a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la falta de tratamiento de sus pliegos en el Senado de la Nación.
Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.
Quién es Ariel Lijo, el juez que investigó a Amado Boudou
Magistrado con largo historial por la fuerte trascendencia de las causas que investigó, Lijo es uno de los «doce» de los tribunales de Comodoro Py que se ha convertido en un referente del fuero. El 20 de marzo de 2024, el Presidente Milei lo propuso como juez de la Corte Suprema.
Fue designado en 2004, luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem; al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.
Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.
Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.
Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo a nivel personal contrajo matrimonio con la hermana del camarista federal, Gabriel Cavallo: Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes.
Luego le fueron tocando casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso.
Como desprendimiento, Lijo investigó, también, al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Y también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.
Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py.
Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.
Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.
El juez Lijo hoy enfrenta otras dos acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. El expediente 107/2023 fue iniciado por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, el 3 de agosto de 2023. Por otro lado, contra Lijo también se inició el expediente 35/2024, por impulso de Pedro Eduardo Amarillo. Están paralizados.
Quién es Manuel José García-Mansilla
El constitucionalista Manuel José García-Mansilla es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
De hecho, cuando García Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó.
Portador de un apellido de prosapia histórica, el «García» de su apellido fue José, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia; el «Mansilla» proviene de Lucio N. Mansilla, héroe de la Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.
En su currículum figura también que es «especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario» y se desparraman post grados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, «Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos» y el «asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos» y «de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial».
En 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema.
En el pasado reciente, se convirtió desde sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales en un crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en diputados el año pasado.
Los jueces del alto tribunal «vienen sufriendo los reiterados intentos del actual oficialismo de cooptar el Poder Judicial, con el riesgo de arrastrarnos a padecer un régimen de hecho y no uno de derecho», consideró.
«Sobran razones para esa actitud en defensa de nuestras instituciones. Por un lado, por lo cuestionable que fueron tanto el procedimiento en sí en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (plagado de anomalías), como por lo endeble de las acusaciones intentadas contra los jueces (en particular las que se refieren a las sentencias del tribunal cuyo contenido molestaban al gobierno)», escribió en uno de esos artículos.
García Mansilla se proclama ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución.