En la maratónica penúltima sesión del año marcada por el choque de fuerzas, con el fogoneo de la crítica de los halcones cambiemistas, el oficialismo logró con números ajustados aprobar la reforma a la ley 10.915, por la cual se amplía la estructura de mando del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
Ante la negativa de todo el arco opositor, el PJ necesitó de los votos de su aliada Karina Bruno y del libertario Agustín Spaccesi -así cosechó 35 voluntades, contra 33 en contra, una abstención y un ausente- para sumar dos defensorías adjuntas con competencias específicas: en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género; y en materia civil y de familia.
La norma original sancionada hace un año creaba el MPD con un Defensor General y dos adjuntos como cabeza de este organismo que tendrá bajo su mando a los 526 asesores letrados del Poder Judicial. Con la reforma aprobada, se incorporan dos adjuntos más.
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El arco opositor se quejó de que se crea una “superestructura burocrática” con funcionarios “bien pagos” y con cargos vitalicios “sin resolver el problema de fondo” en la base. En su réplica, el oficialismo afirmó que las dos nuevas defensorías adjuntas son “una necesidad para robustecer el sistema” de la defensa pública.
Los halcones de Juntos por el Cambio y de otras bancadas se cruzaron duro con espadas oficialistas en el debate de esta iniciativa del PJ en lo que fue la antesala de la negativa opositora por la designación de Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia y los pliegos de Pablo Bustos Fierro como Defensor General del MPD y de Pablo Pupich como Defensor Adjunto del mismo organismo judicial, cuyo tratamiento se dará en la última sesión del 27 de diciembre.
El legislador Matías Chamorro fue el miembro informante en el recinto y expresó: “Se necesitan profesionales especializados para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Y cuando la realidad apremia, es criterio de oportunidad suficiente para avanzar con los cambios”. “Esta ley salda una deuda de origen al equipar su estructura de conducción y planificación a la del Ministerio Publico Fiscal y refuerza el compromiso del Estado con quienes más lo necesitan”, fundamentó el socialista en la bancada oficialista.
“Con estos dos cargos vitalicios más no se está dando respuesta a ninguno de los problemas de saturación en la base”, advirtió la radical Brenda Austin al expresar el rechazo de la UCR. “Esta iniciativa no contribuye a resolver el problema que estamos viendo de saturación en el Poder Judicial, sobre todo en la base, en el rol de la defensa y en la necesidad de fortalecer las herramientas para los sectores más vulnerables que hoy están buscando acceder a condiciones de justicia verdaderamente dignas”, remarcó.
El juecista Walter Nostrala disparó munición gruesa. “Siento que nos tratan como idiotas”, lanzó al apuntar contra el PJ. “No ocuparon los cargos (del MPD) desde hace un año. No la pusieron en marcha y, ahora, están pidiendo ampliar su cúpula… pasó un año”, cuestionó.
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“Es un despropósito”, opinó el jefe del bloque Frente Cívico y retrucó: “Si esto no es así, pásenlo para el año que viene. Estos dos cargos nuevos no resuelven el problema de fondo”. “En estos 25 años no fueron capaces de resolver el problema de la justicia”, fustigó.
Superestructura
Al adelantar el rechazo de Construyendo Córdoba, el alfonsinista Dante Rossi resaltó: “Designan funcionarios bien pagos y con cargos vitalicios. Esto no mejora el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables”.
El radical objetó la iniciativa que “sólo busca ampliar una superestructura bien paga con cargos vitalicios” y no persigue el objetivo de “cómo hacer una reingeniería para sostener el trabajo de los 526 asesores”. “No dan abasto”, reforzó.
El vecinalista Rodrigo Agrelo también habló de “una superestructura que nada beneficia al ciudadano de a pie”. “Sírvanse resolver el problema en la base y no en la cúpula. Este proyecto va al tema de la cúpula… caciques sobran. Acá lo que faltan son obreros para la defensa pública”, aseveró el opositor.
En la misma línea crítica, pero fiel a su estilo combativo, el liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda rechazó la jugada oficialista. “Se crea un nuevo botín”, dijo al referirse a los cinco cargos vitalicios del MPD. “¿Quiénes se van a quedar con ese botín?”, expresó en su ácido comentario.
“Votamos en contra de la creación de dos nuevos cargos vitalicios de defensores generales adjuntos porque significa un aumento de gasto público y burocracia estatal innecesaria que no da respuestas a los ciudadanos”, completó.
Voz oficialista
Al salir al cruce de las críticas, Julieta Rinaldi aseguró que “este debate no es nuevo” y apuntó contra los opositores por “buscan cambiar el foco de la discusión”. En ese sentido, la oficialista dijo que “debe estar puesto en dotar a los ciudadanos de herramientas suficientes para que vayan en procura de garantizar los derechos fundamentales”.
“No estamos discutiendo sobre los cargos, si son vitalicios o no, porque esa discusión ya se dio”, aportó la peronista y destacó que “hay mecanismos de destitución en el caso de que estos magistrados y funcionarios no cumplen bien con su deber para el que le fue asignado”. La oficialista argumentó que estas dos nuevas defensorías adjuntas son “una necesidad para robustecer el sistema”. Al tiempo que basó la decisión en “el aumento de vulnerabilidad de estos segmentos sociales cuando confluyen variables como la pobreza, el sexo, la pertenencia a cierto grupo étnico, entre otras variables”.
“Se requiere de una mirada específica sobre estos sectores con la necesidad de contar con estas áreas especializadas que brinde respuestas concretas a estos grupos particularmente afectados”, enfatizó Rinaldi al aludir a las competencias en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género; y en materia civil y de familia.
Licitación del Juego
El radicalismo y el vecinalista Agrelo cargaron duro por el proceso de licitación del juego que puso en marcha el gobierno del PJ a través de Lotería de Córdoba. Mediante una serie de iniciativas sobre tablas, los opositores demandaron –sin éxito- que den de baja la licitación. Sólo tuvieron los cinco minutos en el uso de la palabra para la reconsideración.
“Llaryora esto no es Formosa. Paren con la timba”, reclamó Agrelo casi a las 2 de la madrugada de hoy en su planteo. Una hora después, Alejandra Ferrero (UCR) le espetó al PJ: “Den de baja esta licitación”.
Un rato antes, el jefe de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich, lanzó: “Lo que más nos preocupa es que quieran seguir invirtiendo en la timba por los próximos 20 años”. Al poner el foco en la ludopatía en adolescentes, el radical embistió: “…pero acá, Hacemos Timba por Córdoba sigue y va a para adelante”. “Lo único que le importa a este gobierno es tener caja para seguir gobernando esta provincia sin importarle nada. Esto es bochornoso. Es oscuro”, cerró.
Al término de la sesión, la vicegobernadora Myrian Prunotto comunicó el decreto por el cual se llama a audiencia pública por los pliegos de designación de Valentini (TSJ) y de Alejandro Pérez Moreno como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, cargo que dejará Pablo Bustos Fierro para asumir al frente del MPD. Estos dos pliegos serán tratados en el último plenario del 27 de diciembre.
Autoridades ratificadas
En la sesión preparatoria, el pleno aprobó la continuidad de autoridades y funcionarios de la Cámara que se desempeñarán durante el 2025. De esta manera fueron ratificados en sus cargos los soficialistas Facundo Torres como presidente provisorio y Nadia Fernández, vicepresidenta del cuerpo. Además, Oscar Saliba (UCR) y Daniel Juez (Frente Cívico), seguirán al frente de las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.