Uno de los mayores desafíos que tenía el Gobierno al asumir la gestión era el de recomponer los precios de las tarifas de servicios públicos, que estaban atrasados debido a años de congelamiento. En ese sentido, en la primera parte de 2024 se aplicó un fuerte ajuste de precios, que luego se actualizó apenas por encima de la inflación en la segunda mitad del año. De esta forma, cuando se compara la canasta de servicios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un año atrás, la suba fue de 402%, muy por encima de la inflación de 120% estimada para el mismo período.
Este mes, una familia tipo –dos adultos y dos menores– de ingresos medios altos (no recibe subsidios) destina aproximadamente $143.819 a cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, según el último informe que realiza el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. Un año atrás, gastaba $28.651.
El costo de la canasta de servicios equivale al 11,9% del salario promedio registrado estimado de este mes, casi el doble del 5,9% que representaba un año atrás, pero por debajo del pico de 14,5% de los ingresos al que llegó en junio, período en el que suele aumentar el consumo de gas por las bajas temperaturas.
La suba más significativa en el último año ocurrió en el transporte, ya que cuando Javier Milei asumió, el boleto de colectivo costaba $52,96 (tramo mínimo). Después de aplicar un aumento escalonado de 600%, hoy el pasaje cuesta $370 para los usuarios que tienen la SUBE registrada y $590, para los que no. Pese al fuerte incremento, los pasajes de colectivo en el área metropolitana siguen siendo los más baratos del país, exceptuando La Rioja ($300 el costo promedio del boleto). El último aumento de boletos en el AMBA fue en agosto.
En las principales ciudades del interior el pasaje es más caro: cuesta $1200 en Rosario y Santa Fe; $1180, en Mar del Plata, y $950 y $940, respectivamente, en San Miguel de Tucumán y Córdoba Capital, según el relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta).
El gas fue el segundo servicio que más aumentó en el último año, con una suba de 531%. En diciembre de 2023, un hogar de ingresos medios y altos (N1) del AMBA pagaba $2838 la boleta de gas, mientras que ahora se destina $17.901, según el informe del IIEP.
En electricidad, el aumento fue menor para los usuarios de ingresos altos, ya que el Gobierno anterior había realizado una fuerte quita de subsidios en el marco del esquema de segmentación; sin embargo, la actualización fue por encima de la inflación. La suba interanual fue 268%, y una familia tipo pasó de gastar $11.112 a $40.905.
El gran desafío que tiene el Gobierno por delante el año próximo es cambiar el vigente esquema de segmentación de subsidios, que actualmente se divide en tres grupos de usuarios: los de altos ingresos (N1), bajos (N2) y medios (N3). Mientras que los N1 pagan casi el costo total de los servicios –93% en luz y 85% en gas–, los N2 tienen una bonificación de 64% del valor de referencia sobre un bloque determinado de consumo y los de ingresos medios (N3), un 55%, respectivamente. Los N2 pagan el 26% del costo total del servicio eléctrico y el 31% de gas, mientras que los N3, el 41% y 38%, respectivamente. El resto lo cubre el Estado con subsidios.
La idea de la Secretaría de Energía es ir bajando los niveles de bonificación en los próximos seis meses, para que cada vez los hogares paguen una mayor parte del valor de referencia, que sería igual al costo del servicio. Asimismo, la bonificación que hoy reciben es sobre un bloque de consumo, para pagar luego el precio pleno sobre el excedente; el objetivo también es ir reduciendo la cantidad de consumo subsidiada.
En cuanto al servicio de agua en el AMBA, el Gobierno autorizó una suba de 331% en el último año, por lo que hoy todos los usuarios pagan el 100% del costo. Las boletas de Aysa pasaron de costar $6677 un año atrás, a $28.785, según el IIEP.
Estos incrementos representaron una baja importante en el gasto de subsidios que destina el Estado. En el acumulado del año hasta noviembre, las transferencias por subsidios cayeron 38% en términos reales y representaron $7,8 billones, de los cuales $6,1 billones se destinaron al sector energético (gas y electricidad).
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