El interventor y la subinterventora del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Mariano Gallegos y Marina Alegre, ofrecieron ayer conferencia de prensa para presentar los primeros hallazgos de la auditoría realizada sobre la obra social de los empleados públicos de la provincia.
«La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos«, señalaron los interventores, quienes explicaron que, tal como expresó el gobernador Rogelio Frigerio al ordenar la intervención, «sólo conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo«.
Los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo para reorganizar el Iosper encontraron que la deuda acumulada de la institución es el doble de la que había declarado el expresidente Fernando Cañete. El monto total asciende a 42.871.884.708 pesos, y el 56% de esta cifra corresponde a medicamentos, evidenciando una deficiente gestión financiera.
Asimismo, destacaron que «tiene un déficit operativo de 3.000 millones de pesos por mes» y criticaron que «el Iosper compra, y contrata, mal y caro«. Además, enfatizaron que su objetivo es trabajar «con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados«.
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Por otro lado, subrayaron las maniobras de ex miembros del Directorio para ocultar el monto real de sus salarios, que en el caso del presidente llegaban a 16 millones de pesos. Estas maniobras consistían en dividir el pago de los sueldos e informar públicamente sólo una parte del monto.
La auditoría también reveló incrementos injustificados en los aranceles, incluyendo un ejemplo claro: el aumento del 15% en los aranceles prestacionales que Cañete intentó implementar antes de dejar el cargo. Dicho incremento habría generado un déficit adicional de 1.000 millones de pesos mensuales, pero fue frenado por la intervención. También señalaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo cual cuestiona su legitimidad.
Por otro lado, los interventores destacaron que las droguerías otorgaron un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15% desde principios de diciembre. Si este descuento se hubiera aplicado desde el 1 de enero de 2024, la obra social habría logrado un ahorro de 1.700 millones de pesos.
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Además, en esta primera etapa de revisión, otro dato preocupante fue el uso indebido de vehículos pertenecientes a la obra social para fines personales de los funcionarios. El caso más relevante es el del gerente de Prestaciones, quien era transportado semanalmente desde Corrientes a Paraná, con todos los gastos de traslado, alojamiento y salario cubiertos, lo que representaba un gasto de 10 millones de pesos.
Además, se detectaron irregularidades en el pago de servicios, como el lavado de los vehículos oficiales con precios superiores a los del mercado, y el pago de televisión por cable en oficinas que no contaban con televisores.
En su cuenta oficial de X, el gobernador Rogelio Frigerio publicó un video detallando las numerosas irregularidades encontradas y declaró: «ESTOS SON LOS PRIVILEGIOS Y CURROS QUE ENCONTRAMOS Y DENUNCIAMOS EN EL IOSPER«.
«No vamos a permitir que los impuestos de todos los entrerrianos sigan financiando un sistema que por desidia, o por corrupción, presta un pésimo servicio a sus afiliados«, concluyó.