En el marco de las elecciones en Uruguay, se ha desatado una controversia significativa en torno a las prácticas de campaña política, particularmente enfocada en la utilización de tácticas digitales negativas por parte de actores asociados al Frente Amplio (FA), el partido liderado por Yamandú Orsi. Esta controversia adquiere especial relevancia en un contexto donde la democracia y la integridad de las campañas electorales están bajo el escrutinio público.
La estrategia de desinformación
Recientemente, ha salido a la luz que desde una cuenta publicitaria en Meta (la empresa matriz de Facebook e Instagram), se han lanzado 33 anuncios políticos, algunos de los cuales apuntan directamente contra Álvaro Delgado, candidato de la Coalición Multicolor. Esta campaña negativa utiliza inteligencia artificial (IA) para fabricar contenido en el que se manipula la imagen y las declaraciones de Delgado, haciéndole decir cosas que nunca pronunció. Esta práctica no solo distorsiona la verdad sino que también socava el principio de la comunicación política honesta.
Los artífices de la campaña
Se ha señalado a dos individuos como los principales orquestadores de esta campaña de desinformación. Uno de ellos es Esteban Valenti, ex agente del KGB, conocido por su participación en la política uruguaya, y el otro, Diego Piñeiro, también figura en el entorno de la campaña del FA. La implicación de estos personajes en la creación y difusión de noticias falsas y contenidos manipulados ha levantado serias preocupaciones sobre la ética política y la influencia extranjera en campañas locales.
Impacto y reacciones
Esta estrategia de campaña ha sido comparada con tácticas vistas en otros países latinoamericanos, como en Argentina durante la época de Sergio Massa, donde la manipulación de la información jugó un papel crucial en las elecciones.
En Uruguay, las reacciones han sido variadas, con varios sectores de la sociedad y de la política exigiendo transparencia y una respuesta oficial del Frente Amplio. La comunidad política y los ciudadanos están pidiendo que se tomen medidas para frenar la difusión de fake news y se clarifique la situación, especialmente por parte del FA.
Acciones legales y reclamos de transparencia
Ante esta situación, se ha sugerido la necesidad de una denuncia formal para que las autoridades competentes investiguen y tomen las medidas necesarias. La Corte Electoral uruguaya, junto con otros organismos de control, podría verse involucrada para revisar las prácticas de publicidad política digital, asegurando que se respete la legislación vigente sobre propaganda electoral y desinformación.
Conclusión
La situación actual en Uruguay refleja una preocupación creciente sobre cómo la tecnología y las redes sociales pueden ser utilizadas para manipular la opinión pública en procesos democráticos. La democracia requiere de campañas limpias, basadas en propuestas y no en la desinformación o el ataque personal.
Es imperativo que los partidos políticos, especialmente aquellos con influencia nacional, aborden estas prácticas y ofrezcan explicaciones claras a sus seguidores y al público en general. La integridad de las elecciones depende en gran medida de la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral, y campañas como las descritas aquí ponen en riesgo esa confianza fundamental.