El Senado de la Nación concluyó recientemente el vínculo laboral con la exsenadora kirchnerista Elena Corregido (mandato 2007-2013), quien había permanecido como empleada en diversas funciones administrativas tras dejar su banca en 2013.
En aquel entonces, Corregido continuó en la Cámara alta bajo la categoría más alta, A-1, como parte de la planta política. Luego, pasó a planta temporaria, cumpliendo funciones para la exsenadora sanjuanina Marina Riofrío y, más adelante, en la Prosecretaría Administrativa. En 2023, Corregido prestaba servicios en la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.
Según establece la ley 24.600, los empleados temporarios quedan automáticamente cesantes cuando finaliza el mandato del legislador que solicitó su incorporación. Sin embargo, Corregido fue reasignada en varias oportunidades.
La Cámara alta la intimó el 27 de junio pasado para iniciar su trámite jubilatorio, pero la exlegisladora presentó una renuncia condicionada y, según documentos oficiales, no completó los requisitos administrativos necesarios, como la constancia de turno en la ANSES. La resolución administrativa 1070/24, emitida el 9 de octubre, detalla que, además de perder el puesto, Corregido tampoco cumplía con los años de servicio requeridos para recibir indemnización.
Desde que asumió Milei, ya hay más de 400 empleados desvinculados del Senado
El cese de Corregido se enmarca en una amplia reestructuración en el Senado bajo la conducción de Victoria Villarruel, vicepresidente de la Cámara, quien lidera un ajuste de personal que ya ha afectado a más de 400 empleados.
En octubre, se concretaron 56 despidos adicionales. La vicepresidente ha sostenido que estos recortes se fundamentan en las conclusiones de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD), creada en mayo de 2023 con el objetivo de evaluar la racionalización de recursos humanos en la Cámara alta.
Cabe señalar que los sindicatos se abstuvieron de integrar la CAD, ni siquiera en calidad de asesores informales, lo que generó algunas tensiones con el sector gremial.
Recientemente, Villarruel mantuvo una reunión con los principales sindicatos del Congreso para abordar las implicancias de los recortes. Durante el encuentro, calificado como “cordial” por ambas partes, se acordó revisar algunos casos puntuales en los que existen diferencias de interpretación respecto a los despidos, en un intento de mitigar posibles conflictos entre la visión oficialista y las demandas gremiales.
Casos problemáticos y medidas administrativas: un empleado con tobillera y otras bajas
Entre los despidos más recientes, hubo casos de trabajadores que, por diversas razones, no cumplían con las exigencias de su puesto.
Un caso notable es el de un empleado desvinculado el 1 de febrero, quien había sido condenado en un juicio abreviado en Río Negro en 2021 y portaba una tobillera electrónica. Este dispositivo de monitoreo, sin embargo, no le impidió seguir desempeñándose en el Senado hasta que la nueva administración tomó cartas en el asunto.