El máximo tribunal estadounidense escuchará argumentos en un caso que podría redefinir la aplicación del principio de ‘jus soli’ y afectar a millones de familias. El fallo se conocería a mediados de 2026.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este miércoles 1° de abril los argumentos orales en el caso Trump v. Barbara. Este proceso determinará si un decreto ejecutivo firmado por el entonces presidente Donald Trump en enero de 2025 es compatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que consagra el principio de ciudadanía por nacimiento en el territorio nacional.
El decreto, que nunca llegó a entrar en vigor tras ser bloqueado por tribunales inferiores, establece excepciones al derecho automático a la ciudadanía para hijos de personas en situación migratoria irregular o con estatus temporal. La decisión final de la Corte se espera para fines de junio o principios de julio de 2026.
La ciudadanía por nacimiento, o jus soli, está establecida en la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868. El precedente más citado es el caso Wong Kim Ark (1898), donde el tribunal reconoció la ciudadanía de un hombre nacido en San Francisco de padres chinos, afirmando que la regla incluye a los hijos de extranjeros residentes. Las únicas excepciones históricamente reconocidas son los hijos de diplomáticos extranjeros y de ejércitos enemigos en ocupación.
Los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), argumentan que el decreto viola tanto la Decimocuarta Enmienda como una ley federal de inmigración que codifica la ciudadanía por nacimiento desde 1940. Advierten que, de prosperar, «proyectaría una sombra sobre la ciudadanía de millones» y obligaría a las familias a demostrar el estatus migratorio de los padres, ya que el certificado de nacimiento dejaría de ser prueba suficiente.
Por su parte, el gobierno, representado por el procurador general D. John Sauer, sostiene que el decreto «restaura el significado original» de la cláusula constitucional.
Los argumentos orales podrán seguirse en vivo desde las 10 a.m. (hora del Este) del 1° de abril a través del sitio oficial de la Corte Suprema. Este es el primer análisis directo del tribunal sobre la constitucionalidad del decreto, tras una decisión previa en otro caso donde solo se limitó el alcance de las órdenes cautelares.