En la antesala del debate parlamentario que definirá el futuro de la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo y cuestionó a sus principales detractores. «No hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento. La retórica de la CGT y el kirchnerismo sólo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos», afirmó.
«No sé qué defensa tiene un 43% de informalidad para la CGT. No sé qué defensa tienen los sueldos bajos. No sé qué defensa tiene la no generación de puestos de trabajo», advirtió en una entrevista con Infobae en Casa Rosada.
Manuel Adorni reivindicó la reforma laboral: gremios y la CGT, en la mira
La discusión legislativa se dio en una semana marcada por fuertes tensiones políticas y económicas, atravesada por la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, el conflicto con el grupo Techint y el vínculo del Gobierno con los medios de comunicación. En ese contexto, Adorni planteó que la reforma laboral es uno de los pilares centrales del programa oficial y una condición necesaria para revertir décadas de estancamiento, informalidad y destrucción del empleo.
Durante la entrevista, el funcionario también cuestionó la defensa de la industria nacional como motor del desarrollo económico y atribuyó buena parte del atraso argentino a un esquema proteccionista. «El gran modelo empobrecedor de la Argentina en los últimos cuarenta años ha sido esta bandera de la industria nacional, que ha obligado a los argentinos a pagar las cosas cuatro veces lo que valen en el mundo», sostuvo, al anticipar una agenda de reformas orientada a profundizar la apertura económica y a recortar privilegios.
En ese marco, Adorni defendió el acuerdo con Estados Unidos como un hito para la inserción internacional del país y aseguró que tendrá impacto en las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los 47 millones de argentinos. Rechazó los temores a la competencia externa y aclaró que el entendimiento no implica restricciones al comercio con China: «No hay nada que implique en el acuerdo que el comercio con ese país pueda verse resentido».
Consultado por la polémica en torno al sector textil y los reclamos de figuras públicas como Marixa Balli, el jefe de Gabinete volvió a cargar contra el proteccionismo. Reconoció que la prenda que vestía era importada y sostuvo que obligar a los consumidores a pagar precios muy superiores a los internacionales no es una alternativa viable. «Si la solución para que los negocios de Marixa Balli sigan abiertos es obligar a la gente a gastar cuatro veces más de su dinero en ropa y no tener la libertad de gastarla en lo que quiere, a mí no me parece razonable», afirmó.
Adorni también se refirió a la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC y explicó que la decisión de mantener la metodología actual del índice de inflación apunta a preservar la comparabilidad de los datos y evitar sospechas de manipulación. Señaló que el presidente «nunca estuvo de acuerdo» con modificar el IPC mientras la inflación siga siendo un problema estructural y remarcó que la canasta propuesta para un nuevo índice ya había quedado desactualizada tras la pandemia. Sobre las versiones que vinculaban a Sergio Massa con Lavagna, fue tajante: «Es un tema para preguntar a él. Me excede y no me consta».
En relación con la reforma laboral, el funcionario insistió en que el nuevo marco legal busca incentivar la contratación y modernizar las relaciones de trabajo. Aseguró que no se trata de una pérdida de derechos, sino de una actualización necesaria para dejar atrás «leyes de mitad del siglo XX, con convenios colectivos de trabajo de la dictadura», y apuntó directamente contra la CGT y el kirchnerismo: «Excepto que el argumento sea: me tocan la mía, me tocan mis propios intereses. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón».
En esta línea, se refirió al referente de ATE, Rodolfo Aguiar, como «el chiquito este que hace videitos para las redes».
Otro de los ejes del reportaje fue el conflicto con Techint y las críticas de su CEO, Paolo Rocca, tras una licitación ganada por una empresa india por ofrecer el precio más bajo. Adorni respaldó la postura del presidente Javier Milei y sostuvo que el cambio de criterio refleja el fin de un modelo basado en privilegios. «Eso era un modelo donde, cuando vos perdías una licitación, tenías un teléfono a dónde acudir para corregir esa pérdida», afirmó, al denunciar décadas de «connivencia entre empresarios, sindicatos y funcionarios».
El jefe de Gabinete también se refirió a la creación de una cuenta oficial destinada a desmentir noticias que el Gobierno considera falsas. Negó cualquier intención de censura o persecución y diferenció la iniciativa de experiencias previas del kirchnerismo. «Lo único que queremos hacer es mostrar las mentiras demostrables. No tiene otra intención», señaló, y remarcó que no implica gastos adicionales ni monitoreo ideológico.
Sobre la agenda legislativa, Adorni confirmó que el Gobierno aceptó fijar la baja de la edad de imputabilidad en 14 años como resultado de un consenso parlamentario, aunque la propuesta original era de 13. Consideró que «14 sigue siendo mejor que 16» y confió en que el Congreso avanzará tanto con esa ley como con la reforma laboral y la Ley de Glaciares, ya sea en extraordinarias o a partir del período ordinario que comienza el 1° de marzo.
Por último, adelantó que el ajuste del Estado continuará con una reducción del 20% en todas las áreas, incluidas las estructuras y el personal contratado de la Jefatura de Gabinete, y anticipó cambios en los medios públicos. Aclaró que la Televisión Pública no será privatizada por impedimentos legales, pero confirmó que dejará de llamarse así como una señal simbólica de una nueva etapa: «No se va a llamar más Televisión Pública».