Con amplio respaldo en el Congreso —y con el veto rechazado por 59 votos a 9 en el Senado— la norma propone, por primera vez desde la Ley de Coparticipación Federal (23.548), la distribución automática del 1 % de la masa coparticipable destinada a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
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El objetivo es limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, históricamente asociado al reparto según intereses político-partidarios, y garantizar que las provincias accedan de forma regular a esos recursos. La medida también busca enfrentar un problema recurrente: la subejecución presupuestaria. Solo en 2024, de casi $680.000 millones disponibles, apenas se usó el 7,3 %.
Sin embargo, especialistas y referentes sociales advierten que la reforma votada en el Congreso, aunque positiva, se queda corta. “La ley resuelve el cómo se reparten los fondos, pero no el para qué ni bajo qué condiciones. Existe el riesgo de que la discrecionalidad simplemente pase de la Nación a las provincias”, señalan desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En ese marco, un conjunto de organizaciones presentó una propuesta alternativa que plantea un esquema de doble asignación: el 40 % de los ATN se destinaría directamente a obras públicas de prevención, mitigación y adaptación frente a desastres socioambientales, mientras que el 60 % restante se canalizaría a través de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Climáticos, con reglas claras, criterios técnicos y mecanismos de control y auditoría. Si los recursos no se utilizaran en su totalidad, se distribuirían trimestralmente entre las provincias.
“El diseño busca articular justicia ambiental con justicia fiscal, fortalecer el federalismo y mejorar la respuesta estatal ante eventos climáticos extremos”, remarcan las organizaciones, que vinculan la iniciativa con los compromisos internacionales de Argentina, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
La urgencia no es abstracta: las recientes inundaciones en Bahía Blanca, los incendios en Córdoba y la Patagonia, o los temporales en el norte del país, expusieron la paradoja de contar con fondos disponibles que no se ejecutan a tiempo, con consecuencias directas sobre comunidades enteras. Con la norma actual, son los gobernadores los que van a tener la decisión sobre estos recursos.
Los impulsores de la propuesta alternativa llaman a no abandonar la discusión por una perspectiva transformadora.
“No alcanza con garantizar el reparto: es imprescindible establecer lineamientos normativos claros que aseguren un uso estratégico de los ATN, en función del interés público y de los desafíos ambientales que enfrenta el país”, concluyen.