La línea 144 de la provincia de Buenos Aires, que atiende consultas y denuncias relacionadas con la violencia de género, recibe cada vez más llamadas derivadas del 911. “Esto supone un incremento de los ingresos en situaciones de emergencia, lo que nos da una alerta debido a que no se está llegando a consultas previas sino en situaciones de crisis”, explicó a este medio la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. “La desinformación a nivel nacional, la misma violencia simbólica con que tratan todas estas temáticas, el foco puesto en casos puntuales de falsas denuncias, generan un contexto muy desalentador y pone en mayor riesgo e indefensión a las mujeres que están atravesando una situación de violencia de género”, continuó.
Según los datos que la cartera compartió con PERFIL, de enero de 2024 a junio de 2025 la línea 144 acompañó 10.100 situaciones de violencia por razones de género, de las que el 30% (3.044) fueron derivaciones del 911.
Por otro lado, agregó la funcionaria, “la discontinuidad y los retrasos en la ejecución de programas nacionales destinados a la prevención y abordaje de las violencias de género y al acceso a derechos de mujeres y Lgtbi+ representaron una deuda acumulada con la provincia de $12.953.933.664 entre los meses de noviembre de 2024 y enero de 2025”.
Entre los recortes, destacó los casos de la línea nacional 144, el programa Acompañar, el fin de las moratorias previsionales (que afecta particularmente a las mujeres) y la desinversión del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).
“El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires es el único organismo rector con la máxima jerarquía que permaneció en pie luego de la llegada al gobierno de Javier Milei. Por primera vez, desde la década del ochenta del siglo pasado, Argentina se encuentra sin un organismo rector a nivel nacional en materia de promoción y protección de derechos de las mujeres y Lgtbi+”, resaltó Díaz.
La ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género elaboró un informe en el que destacó que, si bien cada provincia tiene su responsabilidad y la obligación de asumir el rol que le corresponde en la reducción de las brechas de género, “es el gobierno nacional el que debe guiar los esfuerzos para garantizar que, sin importar en qué lugar se encuentre la persona, su derecho a una vida digna y libre de violencia esté asegurado”.
La eliminación del ministerio nacional “se tradujo en un recorte de la ejecución presupuestaria, en el desmantelamiento de diversas políticas públicas y un abandono del Estado nacional de sus obligaciones para con las mujeres y Lgbti+ de todo el país”. Ante esta situación, “a pesar de los esfuerzos que muchas provincias están desplegando –y que vienen en muchos casos realizando desde hace tiempo–, cuando el Estado nacional abandona sus responsabilidades, el impacto negativo sobre los territorios provinciales es ineludible”, concluyeron.
“El Ministerio viene implementando una batería de medidas para contrarrestar los efectos de abandono del Estado nacional: en materia de prevención y abordaje de las violencias por razones de género, fortalecimos la línea 144 a través de mejoras técnicas de las antenas, ampliación de los canales de comunicación y refuerzo de los equipos de atención en la franja horaria de mayor demanda, junto al lanzamiento de su nueva página web. Además, se contrató una línea 0800 que permitirá que las comunicaciones provenientes del AMBA ingresen y puedan ser atendidas, y de esta forma ampliar la capacidad de respuesta”, afirmó Díaz. También destacó otras políticas como el Programa Comunidades sin Violencia, el Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género, destinado a municipios; la creación de Dispositivos Territoriales de Protección Integral (hogares, refugios, casas abiertas) para personas en situación de violencia de género; la sanción de leyes de obligación alimentaria, y la actualización del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. También adelantó que la provincia se encuentra en proceso de elaboración de su propia canasta de crianza en colaboración con Unicef.