En medio de la polémica por las irregularidades detectadas por la Inspección General de Justicia en la AFA y el pedido de designación de veedores que se conoció este miércoles, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense confirmó la aprobación del traslado del dominio de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la provincia de Buenos Aires.
La resolución administrativa fue dispuesta este mismo miércoles y es una jugada de Axel Kicillof para cubrir a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de AFA y, a la vez, funcionario designado por el gobernador al frente del CEAMSE.
La dirección que firmó el trámite depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial, a cargo del camporista Juan Martín Mena. Allí tiene injerencia otro kirchnerista de paladar negro: Ricardo Nissen, al frente de la IGJ en gobiernos K y apoderado de los negocios de la familia Kirchner.
La AFA tiene su histórica sede en la calle Viamonte al 1.300, en la Ciudad de Buenos Aires. La pretendida habilitación de la mudanza a un baldío en Pilar fue agitada en redes por el abogado Gregorio Dalbón, que defendió a Cristina Kirchner como ahora a Tapia y su tesorero Pablo Toviggino. La movida pretende lograr que la AFA -cuestionada en múltiples causas judiciales- quede bajo la fiscalización exclusiva del gobierno bonaerense.
Lo sorpresivo de la resolución es que apareció un par de horas después de la notificación que hizo la IGJ a las autoridades de la AFA en su sede porteña.
La directora provincial de Personas Jurídicas, Silvia Andrea García, firmó en la tarde de este miércoles la resolución que avala el pedido que hizo la AFA a fines de 2024 y cuestionó la injerencia de la IGJ en el caso, al punto que sostuvo que la Inspección General de Justicia “parece confundir los conceptos de domicilio y sede social”.
En ese marco, la Provincia entiende que el domicilio indica la jurisdicción territorial competente y allí debe ser el lugar para que una autoridad jurisdiccional aplique la fiscalización pertinente. Por eso, la resolución añadió también que interpreta que la IGJ “carece de toda legitimidad y jurisdicción” en la cuestión desde que el 15 de noviembre de 2024 la Provincia dispuso autorizar la inscripción registral en su jurisdicción.
El trámite, iniciado como escudo político para garantizar la opacidad de los balances pendientes no suple, no obstante, la responsabilidad de presentarlos ante la IGJ. Tanto así, que el organismo nacional ya había rechazado la mudanza.
Parece más una maniobra para ralentizar el avance de los reclamos judiciales, tanto que se da en la víspera de un llamado a indagatoria que pesa sobre Tapia y Toviggino en un caso que se investiga evasión fiscal.
En otro de sus párrafos, la funcionaria de Kicillof que firmó el trámite apurado señala que “mal se podría sostener que dicho organismo conserva facultades para la aprobación e inscripción de la reforma del estatuto por cambio de domicilio a Jurisdicción Provincial”. La ambigüedad del texto es tal que, de ser así, cualquier asociación cambiaría de distrito para incumplir los controles.
Ante este guiño de gestión de Kicillof a su funcionario Tapia, el abogado penalista Dalbón festejó la resolución y sostuvo que «el fútbol argentino se gobierna conforme a su estatuto y bajo la jurisdicción que legítimamente eligió».
«Chau veedores», añadió el defensor de Cristina Kirchner y Chiqui Tapia en un posteo en redes, apurando el objetivo final de la movida.
SMB/DS