La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que apunta a ampliar las obligaciones de transparencia financiera de las universidades nacionales. El texto busca que las instituciones publiquen de forma “permanente, completa y accesible” información presupuestaria, administrativa y académica vinculada a la gestión de recursos públicos.
A pesar de que son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación, la iniciativa propone modificar la Ley de Educación Superior para que el sistema universitario incorpore obligaciones de “transparencia activa”, es decir, sin necesidad de pedidos puntuales: la información debería estar disponible de manera abierta y actualizada.
Llano sostuvo que el proyecto intenta “robustecer la autonomía y autarquía universitaria” sin desvincularlas del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. «Este proyecto busca robustecer la autonomía y autarquía universitaria consolidando los ineludibles principios de rendición de cuentas», explicó.
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En esa línea, advirtió que «sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad«. Y remarcó que la propuesta pretende garantizar el “control ciudadano” sobre la administración de fondos públicos y el desempeño de las universidades.
Qué deberían publicar las universidades
Entre los puntos centrales, el proyecto establece la obligación de difundir información sobre la estructura institucional y las autoridades a cargo de la administración universitaria. También incorpora la publicación de nóminas salariales de autoridades superiores, docentes y no docentes, junto con la modalidad de ingreso al sistema.
Además, prevé que las universidades publiquen convocatorias de contratación de personal, declaraciones juradas de sus autoridades y detalles administrativos vinculados al funcionamiento interno, con el objetivo de uniformar criterios de acceso a la información en todo el país.
La iniciativa incluye obligaciones específicas sobre información económica y financiera: presupuesto vigente, transferencias de fondos, contrataciones, licitaciones y convenios. También incorpora la difusión de datos sobre compras y movimientos de recursos, en un esquema de rendición de cuentas más exhaustivo.
Por otra parte, el proyecto plantea que las instituciones faciliten el acceso a auditorías o evaluaciones internas y externas. A eso se suman indicadores académicos y de investigación, como patentes, derechos de autor y otros registros vinculados a producción científica, además de publicaciones en revistas indexadas y posicionamiento en rankings internacionales.
Estadísticas y funcionamiento por facultades
El texto también propone que se publique información estadística sobre estudiantes y egresados, la relación entre docentes y alumnos, formación docente, gasto por estudiante y proporción de ingresos por concurso, con detalle segmentado por facultades.
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En los fundamentos, Llano argumentó que la educación superior es un “servicio estratégico de interés público” sostenido mayoritariamente con recursos estatales, y que por eso debe funcionar “en armonía” con el acceso a la información y el control ciudadano.
DCQ