En el Gobierno anticiparon que en caso de prosperar en el Congreso el tratamiento de los proyectos que aumentan el financiamiento universitario y los salarios de los residentes del Hospital Garrahan, correrán la misma suerte que la iniciativa que autorizó una recomposición a los jubilados y al tratamiento a la discapacidad, es decir, el veto presidencial.
Pero no descartan consensuar con los gobernadores dos iniciativas de su interés, como la que coparticipa el reparto de los ATN, como forma de reunir apoyos para blindar los decretos que anulan políticas que, según la mirada oficial, pondrían patas para arriba el equilibrio fiscal.
Sin Javier Milei en Casa Rosada, llevando su agenda en la quinta de Olivos, este miércoles se observaron pocos funcionarios transitando los pasillos del palacio gubernamental. Pero no hubo sorpresas por la avanzada opositora en el Parlamento.
Por eso una calificada fuente oficial consultada por este diario no dudó en asegurar que «vamos a vetar» si el Senado aprueba las dos iniciativas tratadas en la Cámara baja, el refuerzo al financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de emergencia sanitaria en pediatría -por la crisis del hospital ubicado en Parque Patricios- y de las residencias nacionales en Salud que, entre otras cuestiones, dispone la recomposición salarial del personal sanitario, reasignación de fondos y partidas para la compra de insumos.
Al cierre de esta edición, el Presidente no se había manifestado sobre el tema pero utilizó la red social X para retuitear un mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza que no deja dudas sobre su ulterior intención: «El superávit fiscal no se negocia».
El año pasado Milei ya había anulado una ley que aumentaba los recursos para las universidades nacionales. La semana pasada hizo lo propio con dos normativas que daban oxígeno a los alicaídos ingresos de los jubilados y la emergencia en discapacidad. El argumento en todos los casos es el mismo: no se puede permitir un desvío de la meta de déficit cero porque eso debilitaría políticamente al Ejecutivo.
Pero con los primeros vientos de la campaña electoral rumbo a los comicios bonaerenses y ante el desafío de la oposición, un sector del Gobierno promueve retomar el diálogo con los gobernadores. Y hay dos proyectos, el que modifica el reparto de los ATN y el del impuesto a los combustibles líquidos -que interesan a las arcas provinciales- que fueron habilitados para una ulterior discusión, lo que se leyó como un guiño del Ejecutivo con los mandatarios en la previa a votaciones sensibles para el oficialismo.
Los diputados libertarios José Luis Espert y Lorena Villaverde -que presiden las comisiones de Presupuesto y Energía y Combustibles, respectivamente- convocaron a sus comisiones a un plenario para el miércoles 13 de agosto a las 12 para discutir y emitir dictamen sobre estos dos proyectos caros a los intereses de loa mandatarios provinciales.
Este lunes el Ejecutivo oficializó el veto de Javier Milei a la leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad, aprobadas por el Senado el 10 de julio. La medida quedó plasmada en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, que llevan las firmas del Presidente y todo su gabinete.
El mandatario, que había anunciado su decisión el mismo día en que las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta, firmó el texto el sábado 2 de agosto. Por eso ahora el gobierno se abocará a negociar un blindaje a los vetos del jefe de Estado.