Privatización total: el Gobierno detalló cómo será la venta de las acciones de AySA
En primer lugar se hará una licitación pública nacional e internacional para entregar el 51 por ciento del paquete accionario a un operador estratégico que se hará cargo de la empresa de aguas y cloacas. Luego se rematarán el resto de las acciones en manos del Estado.
El Gobierno formalizó la privatización total de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), de modo tal que la prestación de ese servicio público esencial dejará de ser una obligación y un beneficio del Estado, y pasará a ser un negocio de la empresa que compre la mayoría del paquete accionario.
Las condiciones del remate de la compañía que ya había sido vendida en la década del ’90 y luego estatizada debido a la mala administración privada fueron oficializadas en el Decreto 494/2025 publicado esta mañana.
El decreto establece dos etapas para la venta del 90 por ciento de las acciones que están en manos del Estado:
- Se hará una licitación pública nacional e internacional para vender el 51 por ciento del paquete accionario a un operador estratégico.
- Se rematará el resto de las acciones estatales que no hayan sido compradas en primera instancia, en bolsas y mercados del país. En este proceso no se implementará un nuevo Programa de Propiedad Participada.
El Ministerio de Economía “adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”, dice el decreto.
Lo que hizo texto oficial firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue modificar el marco regulatorio para la prestación del servicio que, tal como se anunció ayer, comenzará con el corte del servicio a las personas que tengan deudas por falta de pago.
El Gobierno consideró, además, que la privatización total de AYSA será “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada”, y sostuvo que para ello “se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.
Los argumentos que se utilizaron para dar luz verde a la privatización fueron antojadizos: “Desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, dice el texto y como justificativo utiliza la inversión lógica que entre 2006 y 2023 hizo el Estado: 13.400 millones de dólares en los últimos 19 años, es decir una cuarta parte de la deuda que Mauricio Macri contrajo con el FMI y la mitad de la deuda que contrajo Milei con el mismo organismo.
Según Caputo y Milei, “esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.
Los justificativos que se expusieron son los mismos que se utilizaron durante el proceso privatizador del menemismo y repitan la misma retórica condenatoria del Estado: “La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
Por eso, agregó, la privatización apunta a “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.