En el marco de su cruzada contra los privilegios heredados del régimen kirchnerista, el Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que reinstauró el feriado por el Día del Trabajador del Estado. La medida, dispuesta por la jueza Moira Fullana, suspendió de forma provisoria los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 475/2024, el cual eliminaba el día no laborable del 27 de junio para los empleados públicos nacionales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue categórico en sus declaraciones al respecto: “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”. A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario denunció el accionar de Fullana, a quien calificó como “jueza militante”, y aseguró que el Gobierno “presentará de forma inmediata la correspondiente apelación para asegurar la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo”.
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La resolución judicial, que beneficia exclusivamente a los trabajadores representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 41. Allí, la magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato que dirige Rodolfo Aguiar, argumentando que la supresión del feriado podría “lesionar derechos laborales colectivos protegidos por normativa vigente”.
No obstante, el Gobierno cuestionó incluso el aspecto técnico de la medida judicial. “Tan exprés fue el fallo que la incompetente jueza Fullana se equivocó en el artículo que pretende suspender con la medida cautelar”, denunció Adorni.
Desde el Ministerio de Justicia, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete ya trabajan de manera coordinada para apelar la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con el objetivo de restablecer el DNU presidencial que había eliminado un feriado considerado innecesario y costoso para las arcas públicas.
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Por su parte, el gremialista Rodolfo Aguiar celebró el fallo como “una defensa de derechos adquiridos” y sostuvo que “la intervención judicial era necesaria frente a un intento de avanzar sobre las condiciones laborales”. Sin embargo, desde el oficialismo interpretan esta postura como una muestra clara del anquilosamiento corporativo que el actual Gobierno está decidido a desarticular.
El trasfondo de esta disputa excede el caso puntual del 27 de junio. Forma parte de un proceso más amplio que busca revisar la estructura de feriados y licencias en el empleo público, en línea con los principios de eficiencia, equidad y austeridad que impulsa el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión.
El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y los sectores sindicales amparados por un sector del Poder Judicial no es nuevo, pero se intensifica en un momento clave para las reformas estructurales que el Gobierno viene implementando. Esta vez, el punto de fricción es un feriado, pero el debate de fondo es mucho más profundo: se trata de quién gobierna y con qué legitimidad se defienden los privilegios de unos pocos frente al mandato que exige cambios concretos.
Por ahora, el 27 de junio se mantendrá como día no laborable únicamente para los trabajadores representados por ATE, aunque la definición final quedará en manos de la Cámara de Apelaciones. En tanto, el Gobierno ratifica su rumbo: desmantelar los privilegios de una casta que durante décadas vivió del esfuerzo del contribuyente argentino.