El pasado Domingo 8 de Junio fue detenido nuevamente Facundo Jones Huala, lonko de Cushamen y defensor de los derechos territoriales de su comunidad. El arresto ocurrió en la terminal de ómnibus de El Bolsón, bajo acusaciones que incluyen intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del delito y asociación ilícita, relacionadas con declaraciones que realizó en febrero durante la presentación de su libro en Bariloche. Sin embargo, su abogada defensora, La Gremial de Abogados y Abogadas, denunció una serie de irregularidades legales, entre ellas la falta de notificación previa y la actuación discrecional del juez federal Hugo Grecca.
A lo largo de los años, la figura de Jones Huala ha sido objeto de una constante criminalización en Argentina y Chile, buscando desacreditar su lucha por la recuperación de los territorios ancestrales de su pueblo. Desde su primera detención en 2016 en tierras ocupadas por el Lof Cushamen, territorio en disputa con la empresa de Benetton, hasta su extradición y posterior encarcelamiento en Chile, tanto los procedimientos judiciales como las acciones estatales han estado marcados por la irregularidad y el hostigamiento.
El lunes 26 de mayo finalizó el segundo juicio a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, y de nuevo el veredicto fue en contra de la comunidad mapuche. Con penas de hasta dos años y medio de prisión y hasta tres años de prisión en suspenso por usurpación a seis integrantes de la comunidad mapuche.
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Esta nueva detención se produce en un contexto de creciente represión hacia las comunidades mapuche y otros sectores que luchan por sus derechos. Ejemplos recientes en Chile incluyen la desaparición de Julia Chuñil, una destacada referente en la recuperación de territorios, y la detención de Francisca Curihuinca, acusada de «hurto de madera» en un caso que involucra intereses de grandes empresas forestales. Estas situaciones, junto con la militarización de espacios como la «Macrozona Sur» y el uso de normativas represivas como la Ley Antiterrorista, reflejan un patrón de criminalización sistemática de los reclamos legítimos de los pueblos originarios.
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Con este nuevo episodio, queda en evidencia la connivencia entre el sistema judicial y los intereses de grandes terratenientes y corporaciones en los territorios indígenas. En una nota de Adriana Meyer para Página 12 citaba a su abogado Gustavo Franquet: «No lo van a dejar en paz porque para ellos, es un negocio político». Además afirmo que Facundo “está preso por sus convicciones”.
Ante esta realidad, es imprescindible fortalecer la solidaridad con las comunidades mapuche y continuar denunciando las políticas represivas que buscan silenciar sus demandas legítimas.