En diálogo con Canal E, el abogado previsional, Norberto Markarian, habló sobre la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que se formalicen como nuevos jueces de la Corte Suprema. También se refirió a la controversia que envuelve a Lijo y que la Corte debería modernizarse, por ejemplo, con la integración de mujeres en ese sector.
Norberto Markarian brindó su opinión sobre el decreto del Gobierno para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mancilla como jueces de la Corte Suprema. Luego, manifestó que la situación del máximo tribunal es insostenible: «La Corte el año pasado dio 300 sentencias cuando tenía que resolver 19.000 causas«. También señaló que la acumulación de expedientes perjudica a jubilados, trabajadores y empresas, y criticó la falta de inversión en personal y tecnología, a pesar de contar con un presupuesto de $91.000 millones.
La estrategia del Gobierno
Markarian explicó que la Constitución permite al Presidente Javier Milei designar jueces en comisión cuando el Senado está en receso: «Este decreto es una estrategia del Gobierno para sortear el bloqueo del Senado, que lleva más de un año sin aprobar los nombramientos». A su vez, enfatizó que este mecanismo permite que los jueces ejerzan por hasta nueve meses, dictando sentencias que serían inapelables a menos que el Senado las impugne.
Controversia por la designación de Ariel Lijo
La designación de Ariel Lijo generó controversia debido a su historial en Comodoro Py y su relación con casos de corrupción. «El problema es que Lijo tiene causas de corrupción estancadas desde hace 18 o 19 años«, dijo el entrevistado, que subrayó la importancia del «nexo de contemporaneidad» en los procesos judiciales: «Si los testigos mueren o las pruebas desaparecen, no hay justicia posible«.
Para Markarian, la Corte Suprema debe modernizarse y expandirse: «No quieren aumentar el número de jueces ni mejorar la gestión judicial. Prefieren manejar el poder con una minoría«. También cuestionó la falta de equidad de género en el tribunal: «No quieren nombrar mujeres cuando su visión es clave en temas de familia, divorcio y violencia de género».
El decreto presidencial reavivó el debate sobre la Corte Suprema y la reforma judicial. «Esto destapó una maraña de problemas que deben resolverse«, concluyó Markarian.