Por medio de esta empresa, el Grupo Clarín adquirió la filial argentina de Telefónica y acumula fricciones con el gobierno, que señala la conformación de un nuevo monopolio.
Roces con Clarín
La operación efectuada rondaría los 1.250 millones de dólares. Desde la Casa Rosada advirtieron que restaría la aprobación del ENACOM y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: “En función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, del Grupo Clarín, se dará intervención al ENACOM y a la CNDC para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio”, señaló el comunicado publicado por la Oficina del Presidente.
De cerrarse la compra, el Grupo Clarín sumaría Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica a la lista conformada por Personal y Flow, que ofrecen TV por cable y streaming.
El gobierno agrega en su comunicado que “esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo”.
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 24, 2025
Además, la Oficina del Presidente señala: “Así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que, con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina. El Gobierno Nacional tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad a los servicios de telecomunicación”.
Por su parte, la elocuente diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que “lo cierto es que el Grupo Clarín se quiere quedar con Telefónica y quiere tener un monopolio regulado porque tiene Telecom. Se quieren juntar con el presidente a como dé lugar; cuando el presidente no los recibe, están haciendo esto. Quieren meterle presión”.
¿A qué se debe el posicionamiento del gobierno?
A primera vista, resulta inverosímil ver al gobierno liberal libertario denunciando monopolios y solicitando controles en el mercado. Sobre un gobierno que es más pragmático de lo que Milei desearía admitir, se monta una disputa con Clarín y un nuevo negocio para un grupo afín.
Existen varios interesados en la adquisición de la filial, como el grupo mexicano América Móvil, de Carlos Slim; la francesa Iliad; y Liberty Media, que podría ir asociada con Millicom.
También se asoman al negocio los Werthein, que en 2024 se quedaron con DirecTV Latinoamérica. Sin embargo, se presume que la familia del canciller no tiene los fondos para adquirir la filial, sino que es quien acerca al grupo de inversores amigos. Entre ellos, estarían apuntados Rodolfo D’Onofrio, de La Estrella Seguros; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; y la familia Sielecki, dueña de Laboratorios Phoenix.
Este grupo empresarial entrelaza varios negocios: Mindlin y Sielecki son accionistas centrales de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Asimismo, con Landmark, la rama Werthein del canciller y los Sielecki se quedaron con parte de los costosos terrenos del predio del Tiro Federal, frente a la cancha de River.
Monopolios en las telecomunicaciones
Es un hecho innegable que existe una concentración de poder en las telecomunicaciones, donde el Grupo Clarín acumula un poder descomunal y lucra con ello.
Ahora, el gobierno, lejos de querer ir contra esa vorágine monopólica, quiere beneficiar al empresariado amigo y hacer un pase de factura al grupo mediático responsable de la publicación del video donde Santiago Caputo interviene la entrevista de Viale con Milei.
No hay bandos progresivos, sino grandes negociados. En ese sentido, sostenemos que habría que hacer una profunda reforma que desarme los grandes monopolios y que es necesario que el funcionamiento de las telecomunicaciones no responda a los intereses empresariales, sino a las necesidades sociales, en manos del Estado y bajo control de sus trabajadores y usuarios.