Lima, 10 ene (EFE).- La Fiscalía de Perú dispuso el inicio de una investigación contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por una presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el caso que se sigue por la entrega de alimentos en mal estado por el antiguo programa de asistencia social ‘Qali Warma’.
Medios locales informaron que la decisión fue tomada por la Fiscalía de la Nación (general), que determinó que esta investigación se desarrollará durante 90 días.
La medida se conoció luego de que se difundiera que el ministro supuestamente intentó conversar con una aspirante a colaboradora de la Justicia en el caso, además de por haberse interesado «indebidamente» en la contratación de una empresa por el programa social.
En diciembre pasado, la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, informó que estaba investigando a Demartini y a la viceministra de Prestaciones Sociales, Jessica Niño de Guzmán, por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales, en agravio del Estado.
Días antes del inicio de esas pesquisas, el pleno del Congreso archivó una moción que planteaba censurar al ministro, aunque luego aprobó interpelarlo por las denuncias contra ‘Qali Warma’.
Demartini rechazó este viernes las acusaciones en su contra y aseguró que ha colaborado en todo momento con la Fiscalía y ha pedido «transparencia» en la investigación.
«Acá se está pretendiendo, evidentemente, ensuciar este caso, implicar a otras personas que nada tenemos que ver», declaró al Canal N de televisión.
Sostuvo que es «el primer interesado» en que la testigo «hable todo, de una vez y no por partes» y pidió que «se investiguen» todas las denuncias y a los implicados en el caso.
«Lo que yo más quiero, más allá de ser ministro, es que en este caso se llegue a la verdad», agregó antes de decir que hablará con la presidenta, Dina Boluarte, para determinar «qué hacer frente a esta intención de enlodar un proceso que tiene que seguir una línea para que se descubra a los responsables».
Como parte de la investigación de este caso, un tribunal también ordenó este viernes el impedimento de salida del país durante seis meses para el vocero de la presidenta, Fredy Hinojosa, junto con otras 11 personas.
Los implicados son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros, señaló la Fiscalía.
Un reportaje de la cadena local Latina señaló este viernes que un supuesto allegado a la mandataria peruana le ofreció trabajo a una testigo del caso ‘Qali Warma’ para que revele la posible vinculación de otros integrantes del gobierno.
Tras la difusión del reportaje, la Presidencia negó que Boluarte tenga alguna relación con el supuesto allegado y rechazó la información por considerarla «tendenciosa» y sin fundamento alguno.
En diciembre pasado, en medio de las investigaciones, el dueño de Frigoinca, la principal empresa implicada en este caso, fue encontrado muerto en un hotel de Lima.EFE