El interés del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, por montar un entramado de sociedades que le permitiera adquirir inmuebles en Estados Unidos encendió las alarmas del estudio que se encargó de asistirlo en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). ¿Motivo? Detectó que Vázquez era una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) y que, por tanto, era un sujeto de riesgo.
El responsable de dar el alerta en junio de 2016 fue uno de los responsables del área de “Compliance” del estudio Trident Trust que, por esas vueltas del destino es casi homónimo del cliente que tenía bajo la lupa, Edward Vazquez. Le recomendó a tres colegas del bufete que contactaran a la oficina que lo había referido al funcionario de la entonces AFIP, hoy ARCA, en busca de confirmación y más datos.
El área de “compliance” de Trident Trust requirió esa información adicional sobre el potencial cliente de riesgo apoyado en un informe de World-Check, una firma especializada en recolectar información de todo el mundo sobre personas y organizaciones que han sido señaladas por posibles delitos financieros, corrupción y fraude, entre otras variantes, y que ayuda a los bancos y otras entidades financieras a evaluar si aceptan o rechazan a un potencial cliente.
En el caso de Vázquez, cabe aclarar, el estudio Trident Trust decidió luego tomar al funcionario público como cliente a pesar de los datos que aportó World-Check, apenas dos meses después de la irrupción global de los “Panama Papers”. Constituyó la firma Galanthus Capital Limited, en BVI, con el objetivo explícito de comprar propiedades en Miami y con el actual titular de la DGI como su beneficiario final.
Por estas horas, Trident Trust quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. El organismo tributario de ese país (IRS, por sus siglas en inglés) se presentó en tribunales de Nueva York, Georgia y Dakota del Sur para avanzar sobre bancos y entidades financieras para tratar de identificar a los contribuyentes estadounidenses que recurrieron a ese estudio para evadir sus impuestos.
En los formularios internos de Trident Trust, en tanto, Vázquez registró sus datos personales. Tanto su domicilio en la calle Julieta Lanteri del barrio Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, como también su correo electrónico personal y hasta la fotocopia de la primera página de su pasaporte argentino, con su rostro sobre la izquierda, según consta en los documentos que analizaron LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
De acuerdo con las constancias del Registro Público de Panamá, además, las hijas mellizas de Vázquez quedaron como directoras de la firma Galanthus, que a su vez asumió el rol de controlante de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group, dueñas de un inmueble en Miami cada una. Ninguna de esas sociedades, ni las propiedades que compraron, figuran en las declaraciones juradas anuales que el funcionario está obligado a presentar ante la Oficina Anticorrupción (OA).
En su informe, World-Check identificó a Vázquez como “PEP”, contador y director de la Regional Sur Metropolitana de la AFIP, y detalló que se encontraba bajo investigación desde 2011 por presunto enriquecimiento ilícito “en conexión con el caso BNP Paribas”, es decir, la cueva financiera que ese banco montó en un edificio de las avenidas Córdoba y Leandro N. Alem de la ciudad de Buenos Aires para que sus clientes fugaran capitales.
Calificado como “confidencial”, el informe de World-Check también detalló que la unidad antilavado (UIF) le había solicitado a la Justicia argentina que emitiera exhortos a distintos países para buscar datos adicionales sobre las cuentas bancarias que Vázquez tendría en Curazao y Luxemburgo.
El informe de World-Check, sin embargo, no avanzó más allá. Detalló que no encontró información adicional y recomendó verificar esos primeros datos por otros canales. “Los contenidos de este perfil es información propiedad de Thomson Reuters y no debería entregarse a terceros”, abundó.
La Justicia argentina demoraría casi seis años y medio más en sobreseer a Vázquez en la investigación sobre las presuntas cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo con fondos por casi medio millón de dólares, pero los empleados de Trident Trust decidieron ignorar el alerta de World-Check, tomar a Vázquez como cliente y asistirlo en el montaje de un entramado offshore.
Ese entramado sigue activo en la actualidad y controla dos inmuebles en Miami, Estados Unidos por un valor superior a 1,6 millón de dólares, aunque Vázquez no reportó las sociedades offshore, ni los inmuebles, en las declaraciones juradas que presentó durante los últimos años en la Oficina Anticorrupción, como lo impone la ley.
Consultado por LA NACION, Vázquez decidió no responder una decena de preguntas sobre esas sociedades y los inmuebles, como tampoco respondió si declaró toda la operatoria ante el organismo tributario para el cual trabaja desde hace 35 años.
En noviembre de 2022, el juez federal Ariel Lijo sobreseyó a Vázquez en la causa por las cuentas bancarias, atento al tiempo transcurrido y la imposibilidad de obtener datos desde Curazao, Países Bajos y Luxemburgo. “Nos encontramos en un estadio realmente imposible de superar desde hace tiempo”, arguyó.
Esa investigación penal se había iniciado en 2011 y abarcó el período 2004 a 2008; es decir, varios años antes de que Vázquez comenzara en 2012 a montar el entramado offshore, con la constitución de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group en Panamá. Ni esas sociedades ni los inmuebles en Estados Unidos aparecen mencionados en el expediente judicial que tramitó en el juzgado de Lijo.
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