POLÍTICA
Gracias a la gestión kirchnerista Argentina deberá pagar un fallo inapelable por una mala estatización.
Un fallo del Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, que ordena a Argentina el pago de USD 390,9 millones. Esta sentencia responde a la controvertida reestatización de Aerolíneas Argentinas en 2008. En beneficio al fondo Titan Consortium, titular del juicio por la expropiación de la línea aérea de bandera.
El tribunal estadounidense ratificó la validez de un fallo previo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano del Banco Mundial. Este fallo es final y no apelable», y abre la puerta al inicio de procesos de embargo en caso de incumplimiento por parte de Argentina.
Titan Consortium argumenta que Argentina no ha cumplido con el pago ordenado por el CIADI, consolidando así esta sentencia en jurisdicción estadounidense.
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Acuerdo previo y procedimiento de embargo
En noviembre, los abogados de ambas partes alcanzaron un acuerdo para permitir que la Justicia estadounidense emitiera una sentencia definitiva. Este convenio estipula que el acreedor puede iniciar procesos de embargo para cubrir el monto total de la deuda, si Argentina no cumple con el pago.
El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, criticó duramente la situación en su cuenta de X: «Miren lo que cuestan las genialidades de los estatistas, y todavía hoy el gobernador de Buenos Aires insiste en ese camino. Deberíamos concretar la idea de @JMilei: crear el impuesto Kicillof, así lo pagan los adoradores de ideas ridículas que le cuestan fortunas al país».
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Historia de la reestatización de Aerolíneas Argentinas
La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue promovida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. La medida, respaldada por la Cámara de Diputados, declaraba a la aerolínea y sus subsidiarias como «de interés público nacional».
Sin embargo, la operación se realizó sin pagar un solo dólar. Esto motivó que el fondo Buitre Burford adquiriera los derechos de litigio contra Argentina. Posteriormente, Burford vendió esos derechos a Titan Consortium, que continuó el juicio hasta obtener el fallo definitivo.
La sentencia obliga a Argentina a saldar esta deuda millonaria o enfrentar embargos internacionales que podrían afectar activos clave del país.
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