El PP y Vox han presentado sendos textos akternativos a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en el Congreso, y, mientras que los ‘populares’ plantean mantener la norma aprobada por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2015 con algún retoque en el apartado de infracciones muy graves, Vox propone cambiarla para, entre otras cosas, dar cobertura legal a la expulsión de los inmigrantes que estén en situación irregular en España, así como garantizar las ‘devoluciones en caliente’ en frontera.
La proposición de ley orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana registrada por PSOE, Sumar, Bildu, ERC, PNV y BNG fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso a finales de octubre, por eso las enmiendas de totalidad que se registran deben ir acompañadas de un texto alternativo que, en caso de recabar un apoyo mayoritario, sustituya al que ya está en trámite.
El registrado por el PP, al que ha tenido acceso Europa Press, apuesta por mantener el grueso de la ley vigente e introduce alguna «mejora» para «reforzar aún más los instrumentos de los que disponen nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de los españoles».
En concreto, introducen nuevas infracciones muy graves para perseguir conductas que no sean constitutivas de delito por ejemplo en el caso de la organización o promoción de homenajes a condenados por terrorismo y que se pueda sancionar a quienes faciliten su celebración desde los ayuntamientos.
LUCHA CONTRA LAS BANDAS
También abogan por dar la misma tipificación a la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio. Y, para mejorar la lucha contra las bandas, piden incluir también como infracción muy grave portar, exhibir o usar armas prohibidas –navajas automáticas o tipo mariposa–, o de modo temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tenga licencia.
Además, el PP arguye como «motivo fundamental» para presentar su enmienda de totalidad que no es el momento adecuado para reformar una ley que «fue imprescindible para luchar contra la pandemia de la COVID-19 y que, actualmente, resulta también imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad y, en concreto, los delitos relacionados con el tráfico de drogas o la ocupación de inmuebles.
NI URGENTE NI OPORTUNA
«La pretendida reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ni es urgente ni es oportuna», abunda el PP, que, en todo caso solicita que antes de tocar la ley vigente, el Gobierno envíe al Congreso un informe detallado de su aplicación «al menos desde agosto de 2018 hasta octubre de 2024, con especial incidencia al periodo iniciado con la aprobación del estado de alarma el 14 de marzo de 2020».
De su lado, Vox rechaza la reforma promovida por quienes considera «los enemigos de España» por limitar el ejercicio pleno de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reduciendo su capacidad de intervención ante situaciones de alteración grave del orden público y poniendo en riesgo la seguridad ciudadana en algunos casos.
Como alternativa ha registrado una ley orgánica de que, el ámbito migratorio establece que los extranjeros que no acrediten su situación regular en España serán objeto de un procedimiento administrativo de expulsión.
DEVOLUCIONES EN CALIENTE
Respecto a las conocidas como ‘devoluciones en caliente’, los de Santiago Abascal proponen una disposición adicional para que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza» de Ceuta y Melilla «mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera» sean «rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España», respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte.
En cuanto a la protección operativa de los agentes y la eficacia de las intervenciones, busca regular una distancia de seguridad mínima que permita a los agentes «actuar proactivamente en el uso de la fuerza» ante un acometimiento, así como la creación de un protocolo específico para su uso «estableciendo con claridad los supuestos que justifican su empleo» para dar mayor seguridad jurídica tanto a los agentes como a la ciudadanía.
Asimismo, Vox pretende reforzar el régimen sancionador ante nuevas conductas y otras ya existentes, como la ocupación ilegal de inmuebles o la interferencia en actuaciones policiales mediante acciones físicas, invasivas o la difusión de imágenes de los agentes que puedan comprometer su seguridad personal o familiar. También quiere ampliar los plazos de prescripción de infracciones y sanciones.