El «plan platita», lanzado por el entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, fue una serie de medidas económicas destinadas a estimular el consumo y mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Este plan incluyó bonos a jubilados y desocupados por parte de ANSES, reintegros del IVA en compras con débito, y sumas fijas para empleados, entre otras medidas.
Sin embargo, estas políticas también generaron críticas debido a su impacto en la economía y la sostenibilidad fiscal del país. Uno de los componentes más controvertidos del «plan platita» fue la implementación de créditos a tasa subsidiada otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Estos créditos, destinados tanto a jubilados como a trabajadores en actividad, se financiaron con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional. La tasa nominal anual de estos créditos fue del 50%, significativamente inferior a la inflación, que alcanzó el 211,4% en 2023.
La alta morosidad de estos créditos se convirtió en un problema significativo. Según datos de la ANSES, la tasa de morosidad de estos préstamos rondaba el 26% a finales de 2024. Esta situación generó un perjuicio evidente a la rentabilidad y sostenibilidad del FGS, ya que los costos financieros de los créditos eran sensiblemente inferiores a la inflación, lo que resultó en una descapitalización del fondo.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei tomó una decisión drástica para abordar estos problemas. A través del Decreto 1039/2024, publicado en el Boletín Oficial, se eliminó la posibilidad de utilizar recursos del FGS para otorgar préstamos personales.
Esta medida tiene como objetivo preservar la rentabilidad y sostenibilidad del fondo, asegurando que sus activos se inviertan en instrumentos que garanticen la preservación de su valor. El decreto deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, que permitían al organismo conceder financiamiento con recursos del FGS tanto a beneficiarios del sistema previsional como a empleados aportantes al SIPA.
Postura
Según el gobierno, las operaciones de crédito realizadas por la gestión anterior generaron un perjuicio significativo al fondo debido a las tasas reales negativas aplicadas en un contexto de alta inflación. La decisión de eliminar los créditos de ANSES ha generado diversas reacciones.
Por un lado, algunos sectores aplauden la medida como un paso necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y evitar la descapitalización del FGS. Por otro lado, críticos argumentan que esta decisión afecta negativamente a los jubilados y trabajadores que dependían de estos créditos para cubrir sus necesidades financieras.
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